Continúan fraudes con programas federales sin conocimiento del gobierno estatal

Antonio Hernandez

Carlos A. Carrillo, Ver.- Un pensionado decidió suicidarse y otro murió de un infarto al enterarse que habían sido víctimas de un enorme fraude por parte de sujetos que se hacen pasar como “promotores” del Gobierno Federal, gracias a la inventiva presidencial de crear esos mecanismos que le permiten registrar a personas que necesitan apoyo oficial mediante programas sociales.

Los llamados promotores les ofrecieron jugosas cantidades que van de los 200 hasta los 600 mil pesos a cambio de que les faciliten documentación personal que es utilizada para pedir préstamos a financieras que, seguramente, están coludidas, ya que no se puede dar crédito a nadie, salvo a los directamente interesados, y son estos quienes deben acudir a realizar sus trámites.

Por lo pronto, en Carlos A. Carrillo son cerca de cien pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social los que aseguran haber sido defraudados por un hombre identificado como Antonio Bonilla Andrade, quien les solicitó documentación personal haciéndose pasar por representante del gobierno Federal.

De acuerdo a la versión de Julio Mauleón Martínez, el individuo lo contactó a él y a sus compañeros, y les planteó un nuevo programa del gubernamental, les pidió documentos que fueron usados para tramitar préstamos que implican pagos en los que les descuentan casi la totalidad del monto de su pensión, y según los defraudados, confiaron en el hombre y le entregaron sus recibos de pago, además de CURP, pago del seguro social y actas de nacimiento, además, el supuesto trabajador les pidió a cada uno más de 100 mil pesos como un depósito para seguir bajando el recurso del apoyo gubernamental.

La creciente deuda ha generado consecuencias muy graves, como el suicidio de uno de los afectados, quien decidió ahorcarse cuando le llegó el descuento, mientras que otro de los pensionados murió de un infarto al recibir su recibo. Ahora, los cuenqueños piden el apoyo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a fin de aclarar con las financieras bajo qué condiciones se otorgaron los créditos y qué pasó con el dinero que le fue entregado a los promotores de los mismos, ya que nunca fueron llamados para la entrega de los recursos.

Es un engaño colectivo en el que estafadores llamados “promotores” convencen a personas de la tercera edad para que entreguen y firmen documentos, y una vez concretado el fraude, les entregan efectivo pero en montos mucho menores a los prometidos, el resto se lo quedan los gestores después de haber comprometido la pensión de los ex trabajadores. Julio Mauleón Martínez aceptó con la esperanza de recibir 450 mil pesos, y junto con decenas de pensionados y obreros firmaron documentos que jamás leyeron.

“Nosotros no pedimos ningún préstamo a ninguna financiera, nosotros firmamos para fondo perdido de apoyos que había destinado el gobierno federal, ese fue el argumento con el que nos llevaron”. En fin, el gran fraude sigue provocando conflictos severos, y es la hora que el Gobierno del Estado brilla por su ausencia